Comunidades en marcha “El agua es nuestra”

En Latinoamérica, bendecida con el agua, 36 millones de personas carecen de suministro en sus hogares. Las administraciones no han sido capaces de dar servicio a zonas rurales y periurbanas, así que los propios vecinos se ponen manos a la obra para autoabastecerse.

El sur y el centro de América son bendecidos cada año con 3.100 metros cúbicos de agua per cápita, el doble del promedio mundial. Lluvias abundantes, el río más largo y caudaloso del mundo, el Amazonas, y el más ancho, el de la Plata, arroyos, fuentes, pozos, manantiales. Si a ello sumamos que, salvo quizás la única gran excepción de Chile, su gestión es pública, podríamos aventurar que todos los iberoamericanos tienen garantizado este recurso... Pues no. Alrededor de 36 millones de personas no disponen de agua potable en sus hogares, según distintas investigaciones, y 125 millones viven sin saneamientos. Los porcentajes varían según los países pero, en general, se calcula que existe un 64 % de la población latinoamericana con problemas de acceso; en áreas retiradas de las ciudades, periurbanas o rurales, a las que sus gobiernos no llegan.

“Es un problema de gestión y debilidades institucionales, malas prácticas e inequidad”, analiza los datos Rolando Marín, coordinador general de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS) , donde se encuentran agrupadas las OCSAS, que son las organizaciones comunitarias que se han puesto manos a la obra para garantizar el suministro en sus pueblos. La cuestión es que si el Estado no puede y la empresa privada, en los pocos casos en los que está presente, no quiere, porque no le resulta rentable, son los propios vecinos que se han quedado al margen quienes se arremangan: construyen las canalizaciones, potabilizan el agua, reclaman sus derechos ante el Estado...

Toma de decisiones. Reunión de un Comité de agua en Nicaragua. Foto: Daniel Torres / Iniciativa PARAGUA

Las OCSAS son organizaciones voluntarias, sin ánimo de lucro, que reciben un nombre diferente en cada país. Comités, juntas, asociaciones, cooperativas. Pero comparten una lucha común, que es garantizar el derecho humano

Para lograr, entre otros retos, el reconocimiento por parte de sus Gobiernos, algo que no todas han conseguido aún. La relación de las OCSAS con la Administración, el respaldo (o no) que reciben y el marco jurídico en el que se mueven difieren según cada territorio. Aterricemos, simplemente a modo de ejemplo, en lo que ocurre en Panamá, donde la cobertura se sitúa por encima de la media latinoamericana: actualmente existen más de 5.000 sistemas de abastecimiento operados por las Juntas Administrativas de Acueductos Rurales (JAAR), que es como se denominan en aquel país. De ellos, algo más de la mitad, 2.673, están legalmente constituidos por el Ministerio de Salud (MINSA), encargado de coordinar las inversiones, supervisar y controlar la gestión del servicio en el ámbito rural. Luego, ya a pie de comunidad, son las juntas comunales y las alcaldías las que se constituyen en los “medios de gestión de inversiones para atender las necesidades de ampliaciones y mejoras de los servicios existentes”.  al agua proclamado por Naciones Unidas en 2010. Suficiente, salubre, aceptable, asequible, accesible. La Fundación AVINA calcula que actualmente operan unas 80.000 de estas organizaciones en la región, aunque resulta difícil saberlo al no haberse elaborado nunca un censo fiable, y muy probablemente, en la práctica, sean muchas más. Atienden a unos 70 millones de personas, y tienen capacidad para cubrir las necesidades de 18 millones de seres humanos más. Atesoran más de 45 años de historia, al principio vivida de manera desarticulada, cada cual por su lado, sin relación con el resto. Poco a poco han ido ganando en coordinación. “Unirse, ésa es la apuesta ganadora, para aunar esfuerzos y ganar en visibilidad”, enfatiza Marín.

Vídeo “Derecho al Agua y el Saneamiento”. Producción FANCA/ARCA con la colaboración de la Alianza por el Agua.

El marco legal panameño data de 1994, y ahora el Ministerio lo está revisando y actualizando, según informan Elda Cruz (del MINSA) e Ima Ávila, coordinadora del Grupo para la Educación y Manejo Ambiental Sostenible (GEMAS). Ambas especialistas reconocen que, pese a que la cobertura es alta, “existen brechas en el acceso y debilidades en la calidad y continuidad de los servicios”. Hay carencia de personal técnico calificado tanto a nivel institucional como en las organizaciones que intervienen en el sector, exponen claramente. Pero defienden que la debilidad ha de convertirse en reto para reducir las desigualdades y mejorar la calidad: “Se prioriza en la planificación de las inversiones a corto y medio plazo, dirigida a las zonas más vulnerables”. El enfoque, agregan, pretende ser integral, “con estrategias de abordaje, sensibilización y capacitación a las comunidades organizadas y agrupaciones de usuarios para asegurar la sostenibilidad de las inversiones”.

La potabilización es otro de los caballos de batalla: hay que convencer a a los vecinos de que resulta necesario clorar el agua para que sea apta para el consumo humano.

Sobre prácticamente cualquier terreno rural iberoamericano que pisemos interviene una amalgama de ONG locales y/o extranjeras, grupos religiosos, agencias de cooperación internacional. Algunas han caído, según lamenta Rolando Marín, en la tentación de “dar los peces en lugar de enseñar a pescar”. El camino ha de ser otro. Cuando las comunidades se organizan, participan en la creación de sus propias infraestructuras, eligen a sus líderes, consensúan cómo hacer las cosas, se están empoderando. Cuando se rompe la bomba o hay que reparar una tubería, todo el mundo participa, aporta dinero, o su trabajo. El cambio social va mucho más allá del suministro, que ya de por sí supone un hito clave puesto que evita enfermedades y mejora las condiciones de vida de la gente. Un grifo en el hogar exime a mujeres y niños de acarrear cántaros desde el pozo, así que los pequeños pueden ir a la escuela, y sus madres empiezan a asomar por las asambleas donde se toman las decisiones. Al principio tímidamente y con reticencias; poco a poco, más activamente.

Elena Sevillano

 

 

“NO SOMOS EL ENEMIGO”

Las organizaciones comunitarias de gestión del agua pelean por su reconocimiento, por que las administraciones de sus respectivos países no las vean con recelo, como al enemigo. Internamente también han de combatir la desidia y fomentar la participación: hay una cierta tendencia de la gente a desentenderse de un bien logrado por todos y para todos cuando el suministro llega cómodamente a casa soterrado en tuberías y a través de un grifo. Las OCSAS defienden, además, su papel clave en la lucha contra el cambio climático y en la consecución de un sistema hídrico integrado, seguro, sostenible y accesible.

 

 

UNA ESTRUCTURA DE ABAJO HACIA ARRIBA

La Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS) se ha construido de abajo hacia arriba. Las organizaciones comunitarias se fueron conociendo, intercambiando experiencias, y coordinándose ante amenazas comunes como un problema de contaminación o un proyecto urbanístico que pusiera en riesgo sus recursos hídricos. Empezaron a constituirse en agrupaciones nacionales o regionales como la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Sistemas de Agua (AHJASA), la Asociación Salvadoreña de Sistemas de Agua (ASSA), la Red CAPS de Comités de Agua y Saneamiento deNicaragua. Y éstas, a su vez, culminaron en la creación, en 2012, de una Confederación que las englobara a todas. Hay 15 países representados: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

 

V ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA

San Carlos de Costa Rica, del 9 al 11 de septiembre de 2014. Es el lugar y fecha del V Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua (el anterior tuvo lugar en Nicaragua), concebido como “espacio de intercambio para promover la gestión comunitaria del agua por medio del reconocimiento, formalización y sostenibilidad de las OCSAS en los diferentes países”. Entre los muchos temas que saldrán a la palestra estarán, sin duda, 1) la necesidad del asociacionismo como vía para visibilizar y fortalecer las organizaciones comunitarias, 2) la gestión sostenible de los servicios, administrativa, económica, técnica, ambiental, para la que las OCSAS, en su mayoría muy pequeñas y con recursos limitados, necesitan apoyos y, muy relacionado con lo anterior, 3) la exigencia de una “institucionalidad efectiva”, que propicie servicios viables y sostenibles, y que reconozca las OCSAS como actores clave en la gestión del agua en Latinoamérica.

 

EL PRECIO DEL AGUA

“¿Por qué voy a pagar por un agua que es un regalo de Diosito?”, pregunta el campesino. “No hay problema, señor. No le ponemos grifo en su casa y se va usted a recoger por sus propios medios el agua al río donde la puso Diosito”, responde Rolando Marín, que después de toda su vida profesional en temas de medio ambiente, nueve años en gestión del agua, se conoce todas las respuestas ante las reticencias de quienes han de pagar por un recurso que antes era gratis, aunque había que ir a buscarlo y no reuniera unas mínimas condiciones sanitarias para el consumo humano.

En algunos casos, son las propias comunidades las que eligen, en asamblea, el precio del agua, y disponen los mecanismos para recaudar. En otros, la asamblea no es soberana y las tarifas vienen impuestas por la municipalidad. “No son justas porque se calculan sin tenernos en cuenta”, denuncia Marín. En general, el agua se suele cobrar demasiado barata, más incluso que en las zonas urbanas, donde no hay tanta dispersión y llevar el suministro resulta más económico. Puede llegar a ser de un dólar mensual por familia. Teniendo en cuenta que con ese dinero hay que mantener y mejorar la infraestructura hídrica comunitaria, las cuentas muchas veces no salen.

 

UN ALIADO

La Alianza por el Agua une a administraciones públicas, empresas abastecedoras de agua, centros de investigación y opinión, entidades sociales y ciudadanos de España y Centroamérica para impulsar el derecho humano al agua y al saneamiento de la población de los países centroamericanos, especialmente en áreas rurales y periurbanas. Moviliza recursos técnicos y económicos  para desarrollar distintas intervenciones, e impulsa conductas de ahorro de agua y uso sostenible de los recursos hídricos en los hábitos cotidianos. Un ejemplo de su trabajo lo encontramos en Nexos Hídricos , desarrollado junto al Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua potable y saneamiento, FOCARD , que propone un nuevo modelo de cooperación técnica: especialistas españoles y centroamericanos ofrecen su saber hacer a las poblaciones con más carencias.

 

CENTROAMÉRICA, GOTA A GOTA

La gestión comunitaria del agua en América Central cuenta con asociaciones particularmente  activas que garantizan el acceso al suministro a buena parte de su población periurbana y rural. Recorremos distintos países de la región para ver en qué situación se encuentran.

Población abastecida: 98,2%, de la que el 92,9% dispone de agua potable; solo el 86,8% recibe agua con tratamiento y desinfección.

Sistemas comunitarios existentes:
2.400 Asociaciones Administradoras de Acueductos Comunales (ASADAs).

Población abastecida por sistemas comunitarios: 1.126.523

Porcentaje respecto al total: 24,3%

Organismo público que apoya:

Ministerio de Ambiente y Energía: Viceministerio de Aguas y Mares, Dirección de Aguas.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Sub-Gerencia de Acueductos Comunales.

Nivel de organización: Unión Nacional de Acueductos Comunales (UNAC) desde 2013. Al mismo tiempo, han surgido diversas organizaciones e instituciones, principalmente ONG, Universidades Públicas (UCR, UNA, UTN, ITCR, UNED), el Vice-Ministerio de Aguas y Mares y el sector cooperativo, que por medio de alianzas estratégicas están apoyando al sector.

Respaldo jurídico: Proyecto de Ley de Acueductos Comunales, Expediente Legislativo 17914, que se encuentra en una etapa de discusión avanzada en el plenario legislativo.

 


 

Población abastecida: el 94% de la población urbana y el 70% de la rural en cuanto a agua; 77% de la población urbana y 29% de la rural respecto a saneamiento.

Sistemas comunitarios existentes: 1.800 Juntas Rurales de Abastecimiento de Agua.

Población abastecida por sistemas comunitarios: 1.450.000

Porcentaje respecto al total: 21,32%

Organismo público que apoya: Ninguno.

Nivel organizativo: la asociaciónANDAR, que aglutina apenas a 152 sistemas.

Respaldo jurídico: Ninguno. ANDAR está empujando la Ley General de Recurso Hídrico y desarrolla la Ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento.

 


 

Población abastecida: 7.311.628,57, el 89% del total.

Sistemas comunitarios existentes: más de 6.000 Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (JAAS).

Población abastecida por sistemas comunitarios: entre un 30% y un 40%.

Organismo público que apoya:

Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA).

Ente Regulador de los servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS).

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).

Nivel organizativo:

la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Sistemas de Agua (AHJASA) data de 1990; fue la primera asociación de sistemas de agua rurales en Latinoamericana.

Respaldo jurídico:

Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento  (Decreto No. 118-2003).

Ley General de Aguas (Decreto No. 181-2009).

Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras (Decreto Ley No. 286-2009).

Ley de Municipalidades (Decreto No. 134-90)

 


  

Población abastecida: 90% en ciudades y un 63% en entornos urbanos.

Sistemas comunitarios existentes: 5.200 Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS).

Población abastecida por sistemas comunitarios: unos 2 millones de personas.

Porcentaje respecto al total: 32.8%.

Organismo público que apoya:

Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarilla-dos (INAA), a través del Departamento de Acueductos Rurales.

Nivel organizativo:

los CAPS están organizados en redes locales (municipales y departamentales) y, a su vez, articulados en una Red Nacional, conocida como RED CAPS. Recientemente la RED CAPS se ha constituido como una Asociación sin fines de lucro cuya misión está centrada en brindar apoyo a los CAPS asociados y aliados, promoviendo el desarrollo y participación de los pobladores rurales, incidiendo en la mejor aplicación de la Ley 722.

Respaldo jurídico:

Ley 722, Ley Especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento, de 2010.

 


 

Población abastecida: un 99% en ciudades y un 79% en zonas rurales.

Sistemas comunitarios existentes: 5.397 Juntas Administrativas de Acueductos Rurales (JAAR).

Población abastecida por sistemas comunitarios: 677.207 habitantes.

Porcentaje respecto al total: 20%.

Organismo público que apoya:

Ministerio de Salud (MINSA) a través de la Dirección del Subsector de agua potable y alcantarillados sanitarios (DISAPAS), como ente normativo. A su vez trabaja a nivel local mediante los Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias (DAPOS).

Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible CONA-DES (CONADES) y  Programa Nacional de Desarrollo Local (PRONADEL). Gestionan fondos.

Nivel de organización:

en proceso de creación una instancia nacional que abarque a todos las JAAR y Juntas Integrales de Acueductos Rurales (JIAR).

Respaldo jurídico:

Código Sanitario de 1941 (artículos 84,85 y 88). Faculta al Ejecutivo para reglamentar a través del Ministerio de Salud todo lo relativo al abastecimiento de agua potable a las comunidades.

Ley No.2, de 7 de enero de 1997, Artículo 10. Dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillados sanitarios en comunidades rurales.  

Resolución Ministerial N°28 de 31 de enero de 1994, “que establece las normas básicas para el uso racional del agua de los acueductos rurales para  la protección, conservación de las fuentes de abasto, de su área de influencia y algunas disposiciones específicas para la administración, operación, y mantenimiento de estas obras sanitarias”.

Decreto Ejecutivo N°40 de 18 de abril 1994. “Por el cual se crean las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales como organismo responsable por la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable rurales”.

 


  

Población abastecida: unos 12 millones de habitantes, el 75,3%.

Sistemas comunitarios existentes: no hay cifra oficial pero sí la estimación de que po-dría haber unos 13.000 Comités Administradores de Agua Potable (CAAP).

Población abastecida por sistemas comunitarios: en torno al 30% o 40% del total.

Organismo público que  apoya:

el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el ente rector e impulsor de políticas y regulaciones y las municipalidades, que son las que proveen los servicios a las comunidades de su jurisdicción. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha establecido recientemente la Dirección de Agua Potable y Saneamiento; su Departamento de Salud y Ambiente tiene a su cargo la vigilancia de la calidad del agua, así como la vigilancia del cumplimiento de las regulaciones.

Nivel de organización:

Consejos Comunitarios de Desarrollo, COCODE. Consejos Municipales de Desarrollo, COMUDE. Consejos Departamentales de Desarrollo, CODEDE. Consejos Regionales de Desarrollo, COREDE. Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE.

Dentro de estos consejos se accede a la toma de decisiones, a la inversión pública y a la incidencia en políticas. Por lo anterior, en Guatemala no es relevante la constitución de una asociación nacional para aglutinar los sistemas comunitarios.

Respaldo jurídico:

se parte de las regulaciones contenidas en el Código de Salud y los reglamentos de aplicación del mismo. Por otra parte, está vigente el Código Municipal, que contiene las atribuciones y obligaciones de los concejos municipales en cuanto a la provisión de los servicios de agua y saneamiento. Adicionalmente hay reglamentos de agua a nivel de cada municipio, que son instrumentos más específicos para dar consistencia a la tarifa que se cobra por el servicio.

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