Entrevista a Guillermo Rodríguez, coordinador de Amigos de la Tierra en Nicaragua, ONG integrante de la Iniciativa Paragua

“EL ACCESO AL AGUA POTABLE ERA UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS EN LAS ZONAS EN LAS QUE TRABAJAMOS”

A Guillermo Rodríguez (Meaño, Pontevedra, 1977) no le sorprendió encontrarse con hogares sin grifos cuando llegó a Nicaragua. Él había crecido en un ambiente rural en su Galicia natal, y en su casa tampoco los había. Sí le preocupó, todavía le preocupa, la cantidad y sobre todo la calidad del agua, la contaminación de los acuíferos. Guillermo, recién licenciado en ingeniería agrónoma, había pedido un voluntariado europeo en la fría Laponia sueca pero, carambolas del destino, terminó en un caluroso país centroamericano donde aterrizó, teóricamente, para un año. Eso fue en 2001, y allí sigue, primero como representante de Amigos de la Tierra en la región, y actualmente como coordinador de la ONG en Nicaragua.

 

Empezó trabajando en proyectos medioambientales. ¿Cómo fue aterrizando hacia temas de agua?

Los primeros años nuestros proyectos estaban relacionados, fundamentalmente, con la gestión de áreas protegidas. Y aquí, las áreas protegidas están llenas de gente, con lo que vimos que teníamos que cubrir las necesidades sociales, muy graves, de los territorios en los que trabajábamos. El acceso al agua potable era uno de los principales problemas.

Amigos de la Tierra identificó y se aprestó a cubrir una necesidad, al igual que otras cuatro ONG españolas implantadas en Nicaragua, pero cada una operaba en su territorio, a su aire y sin coordinarse entre sí.

Fue la AECID [la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo] la que sugirió, '¿por qué no nos sentamos a ver qué está haciendo cada cual? Vimos que coincidíamos, no territorialmente, pero sí temáticamente, en muchas cosas. Había organizaciones más avanzadas en construcciones de sistemas, otras habían adelantado en el enfoque medioambiental, en la instalación de letrinas...

Fue el primer paso hacia la Iniciativa Paragua, ¿verdad?

Sí. Salió la convocatoria de AECID y decidimos presentar un proyecto conjunto, liderado por ECODES.

¿Qué ventajas diría que ha supuesto Paragua?

Una mejora tangible es que los problemas que uno vive en el día a día, a nivel local, trascienden a nivel nacional, porque se comparten. Los problemas y sus soluciones, que suelen ser comunes a todos los territorios. Estamos aprendiendo de otras organizaciones, y compartiendo recursos; ya se nos ve como un referente. Estamos abriendo brecha en muchos temas.

Por ejemplo, en la legalización de CAPS (Comités de Aguas Potables).

Individualmente, la legalización les hubiera resultado imposible. La Ley de CAPS se aprobó pero los mecanismos para legalizar un CAP no estaban normalizados; las alcadías no sabían quién había de emitir el certificado. Aprovechamos para montar talleres de formación a los técnicos.

Y a la hora de trabajar, de organizarse, ¿ha supuesto algún cambio?

Creo que sí. Realmente nunca habíamos trabajado en consorcio, y esta experiencia nos ha servido para plantear otros consorcios en otros temas y con otras organizaciones; hemos entendido la utilidad, y aprendido cómo hacer las cosas para que el resultado sea exitoso.

¿Sería posible esta iniciativa sin las ONG locales que participan en ella?

No, ellas son clave; al menos en nuestro caso, Fundación LIDER es quien maneja la logística, tiene las relaciones con la parte política, y con las comunidades,  y la capacidad de movilización en su territorio. Sin ellas, además, el valor añadido, que es sumar para lograr un uso más eficiente de recursos, se perdería porque las organizaciones españolas tendríamos que montar una estructura paralela a la que ya tienen las locales.

“Se está invirtiendo mucho en la creación de sistemas pero no en su acompañamiento; a menudo las comunidades no pueden mantenerlos por sus propios medios”.

¿Cuáles siguen siendo los grandes problemas de los CAPS?

Además de la calidad del agua, incluso en aquellas comunidades que cloran, destacaría otros dos grandes retos: el enfoque medioambiental, que el agua ayude a planificar mejor el territorio; y el saneamiento, donde hemos avanzado menos. Además, persisten los problemas de organización.

¿Cuál es la actitud de las autoridades locales, de las administraciones en general, ante las comunidades?

Los entes gubernamentales deberían asumir más responsabilidad y hacer un acompañamiento más cercano a los CAPS, que a veces se encuentran muy solos. Las autoridades locales están más atentas a los problemas de las comunidades pero  últimamente se le están asignando muchas competencias, y los recursos son escasos. En los últimos años se está invirtiendo mucho en la creación de nuevos sistemas pero no en el acompañamiento de estos sistemas; a menudo las comunidades no pueden mantenerlos por sus propios medios.

El precio que se fija al agua gestionada comunitariamente, ¿supone un problema?

Es una tarea pendiente. Una comunidad sin acceso a electricidad y con el agua a una cierta profundidad necesita una bomba de combustible; en ese caso, el metro cúbico sale por unos dos euros; se trata de comunidades muy pobres que no pueden costear esa cantidad, necesitan subsidios. La Ley de CAPS estipula líneas para lograr subsidios que aún no se han materializado. Se avanza en descuentos en la tarifa eléctrica pero no en el combustible.

En las comunidades con las que trabajan hacen abordaje de género. ¿Percibe que está sirviendo, que está calando?

Yo creo que sí. Nosotros mismos, como organizaciones, lo hemos entendido mejor. Transformar las relaciones de género en una sociedad patriarcal y machista no es fácil ni se consigue en dos años pero hemos logrado más de un 60% de mujeres en las asambleas donde se toman las decisiones, y más de un 56% en las juntas directivas; pero es importante que accedan a puestos clave de esas directivas, que no se queden en secretarias porque tienen una letra bonita. Hay que cambiar eso de que los cargos remunerados son para los hombres y los voluntarios, para las mujeres, y ahí estamos alcanzando la paridad, con casi un 40% de representación femenina.

“Transformar las relaciones de género en una sociedad patriarcal y machista no es fácil ni se consigue en dos años pero hemos logrado más de un 60% de mujeres en las asambleas donde se toman las decisiones”.

¿Cuál sería el siguiente paso?

Que se conviertan en representantes de sus CAPS en las redes municipales y departamentales, y lo hemos conseguido en algún caso. Que hagan tareas tradicionalmente masculinas, que reparen averías o sean jefas de cuadrillas de construcción. Hemos de acomodar los horarios y facilitarles la participación, para evitar que deserten.

¿Qué esperan de la segunda parte de Iniciativa Paragua?

Pretendemos dar continuidad a los aspectos de formación que hemos trabajado en estos dos años, pero dándole un carácter más formal y reglado, con una nueva currícula de Formación Profesional, que en Nicaragua no existe, junto con el Instituto Nacional de Educación Técnica. En cada territorio se creará un centro de formación técnico oficial, donde se impartirán distintos módulos.

Eso suena a oportunidad de empleo para la gente de las comunidades.

Ésa es la idea. Si un CAPS tiene, por ejemplo, un problema en el sistema eléctrico, buscará un técnico especializado, pero la cantidad de recurso humano formado es muy escasa. ¿Por qué no preparar a gente local para ello? Jóvenes, mujeres y desempleados son nuestra prioridad. Los capacitaremos para que puedan brindar su labor profesional a los CAPS.

 

 

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